Después de Bolonia ¿qué?

Vera Sacristán y Albert Corominas, Profesores de la Universitat Politècnica de Catalunya

Desde la declaración de Bolonia, en 1999, en España seis personas distintas han encabezado el ministerio responsable, en cada momento, de la política universitaria y han sido promulgadas dos leyes orgánicas de universidades (LOU 2001, LOMLOU 2007). En lo que se refiere al desarrollo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, los vaivenes han sido tales que por cuatro veces se han publicado decretos para la regulación de los nuevos estudios universitarios de grado y de máster, que en cada ocasión modificaban la regulación anterior (enero y diciembre de 2005, febrero y octubre de 2007).

Ante la evidencia de la falta de un proyecto para la universidad por parte del gobierno y en ausencia de un análisis de los problemas reales de la universidad pública, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior se ha convertido, especialmente en el último año y medio, en el pretexto que cada cual ha utilizado para tratar de imponer sus propias ideas sobre la universidad: desde la supuesta necesidad de subir los precios de los estudios universitarios defendida por ciertos sectores económicos, hasta la introducción de métodos pedagógicos pretendidamente novedosos que resolverían milagrosamente todos nuestros problemas, todo ha sido atribuido a Bolonia.

Los intentos de justificar mediante la invocación a Bolonia medidas socialmente regresivas o académicamente controvertibles han dado lugar a que los movimientos contrarios a las mismas que han surgido y crecido por todo el país, entre el estudiantado pero también entre el profesorado, se hayan calificado y hayan sido calificados como movimientos anti-Bolonia. Tales movimientos, no obstante esta confusión, han tenido, entre otras, dos consecuencias. En primer lugar, la de haber llevado a los medios de comunicación el interés por la universidad. En segundo lugar, la de haber frenado algunas de las derivas mercantilizadoras que empezaban a consolidarse. Las autoridades han substituido el discurso pro-créditos por el pro-becas, ya nadie habla abiertamente de equiparar, sin más, los precios de matrícula al coste de los estudios, ni se afirma que sobra gente en la universidad, a la que se reconoce de nuevo la función cultural junto a la de formación de profesionales. La reasignación de las universidades al ministerio de Educación desde el de Ciencia e Innovación, en el que no duraron ni un año, pone de manifiesto el fracaso de un discurso en el que las universidades se concebían esencialmente como instrumentos del sistema de investigación, desarrollo e innovación, en detrimento de sus otras funciones, no menos importantes, que habían pasado a segundo plano.